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La consensualidad del contrato de seguro y sus efectos en el pago de la prima

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En un pronunciamiento del pasado 1 de diciembre de 2021, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia[1], sentó su posición en torno al momento a partir del cual debe comenzar a contabilizarse el plazo máximo con que cuenta el tomador para el pago de la prima y, en consecuencia, desde cuándo puede entenderse que opera la terminación automática por mora.

En la demanda se pretendía que se declarara la responsabilidad contractual de la aseguradora, derivada de la ocurrencia de un siniestro con cargo a una “Póliza de Seguro de Equipo y Maquinaria”. El contrato de seguro fue modificado por solicitud de la asegurada con el propósito de que se incluyera una nueva retroexcavadora dentro de los bienes asegurados, circunstancia que generó una prima adicional para cubrir el respectivo riesgo, que nunca fue pagada por el tomador, a pesar de que la sociedad intermediaria había notificado al asegurado la aceptación de la aseguradora y la fecha de inicio de la nueva cobertura.

El demandante sostuvo que nunca existió mora por no haberse entregado el certificado modificatorio que ampliaba la cobertura de la póliza. Por su parte, la aseguradora argumentó que la prima no fue pagada dentro del término previsto en la ley, para el caso, un mes, por lo cual se incurrió en mora, produciendo la terminación automática del contrato de seguro.

A efectos de resolver el litigio, la Corte expuso las siguientes consideraciones:

  1. El contrato de seguro, a partir de la modificación que el artículo 1º de la Ley 389 de 1997 le hiciera al artículo 1036 del Código de Comercio, pasó de ser solemne a simplemente consensual, perfeccionándose en el momento en que el tomador y el asegurador acuerdan los elementos esenciales de aquel (art. 1045 C. Co.). Esto eliminó la póliza como signo objetivo de su celebración y perfección.
  1. La póliza dejó de ser constitutiva del contrato y su función, en consecuencia, quedó limitada a servir de medio probatorio, sin que se haya establecido como el único elemento idóneo para ello, pues como dispone el artículo 1046 del Código de Comercio “(e)l contrato de seguro se probará por escrito o por confesión”. La obligación del asegurador de entregar la póliza al tomador dentro de los quince días siguientes a la celebración del contrato se estableció “con fines exclusivamente probatorios”[2], esto es, únicamente con el propósito de que aquel pueda tener en su poder un documento con el cual pueda acreditar el negocio jurídico celebrado.
  1. Cuando el artículo 1066[3] del Código de Comercio fue concebido y reformado, el contrato de seguro era solemne y, por tanto, había una conexión inescindible entre el negocio jurídico mismo y la póliza, de modo que el perfeccionamiento de aquél derivaba de la suscripción de esta última por el asegurador. Eso explica que la referida disposición haya atado el pago de la prima a la entrega de la póliza y/o sus certificados modificatorios.
  1. En consecuencia, estimó la Corte que actualmente no se puede tener la fecha de la entrega de la póliza al tomador por parte del asegurador como el punto de partida para contabilizar el término para el pago de la prima, por cuanto contradice frontal y abiertamente la reforma operada por la Ley 389 de 1997, en tanto que ella asignó a la póliza una función “exclusivamente” demostrativa del contrato de seguro.
  1. Así pues, se debe entender que dicha disposición quedó derogada tácita y parcialmente, entendiendo que será la celebración del contrato de seguro (o sus modificaciones) -y no la entrega de la póliza- el hito a partir del cual habrá de contabilizarse el referido término, al surgir de ese momento las obligaciones propias del contrato celebrado.

En consecuencia, la Corte no casó la sentencia del Tribunal de instancia, arguyendo que la obligación del tomador de pagar oportunamente la prima fue incumplida y condujo a la terminación automática del contrato de seguro, dejando claro que el término para el pago de la prima corre dentro del mes siguiente a la celebración del contrato, esto es, desde la concurrencia de voluntades del tomador y del asegurador sobre los elementos esenciales del contrato o, en el caso de adiciones o modificaciones, desde el acuerdo concurrente de dichos intervinientes respecto de tales cambios.

Finalmente, consideramos que el análisis de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia objeto de este escrito resulta de suma relevancia en la medida en que dota de certeza el término a partir del cual deberá comenzarse a contabilizar el término para el pago de la prima. No obstante, debe señalarse la dificultad que podría derivarse en ciertos casos para la determinación de la fecha exacta de la celebración del contrato y/o de las modificaciones, lo que pone en entredicho la favorabilidad para el asegurado de la consensualidad del contrato de seguro. A estos efectos, cobra relevancia la actuación de los intermediarios de seguros a la hora de advertir dicha situación a los tomadores y/o asegurados, toda vez que, su desconocimiento podría acarrear en la terminación automática del contrato de seguro.

1. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, sentencia del 1 de diciembre 2021 (SC5290-2021) M.P. Álvaro Fernando García Restrepo.

2. Artículo 1046 del Código de Comercio.

3. Artículo 1066 del Código de Comercio: “Pago de la prima. El tomador del seguro está obligado al pago de la prima. Salvo disposición legal o contractual en contrario, deberá hacerlo a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la fecha de la entrega de la póliza o, si fuere el caso, de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella”.

Culpa patronal: Una mirada a las recientes consideraciones de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral.

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Mediante sentencia del 24 de enero de 20221,la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia decidió sobre un caso en el que se halló sin vida a un trabajador por graves heridas causadas por terceros. Esta sentencia genera una serie de cuestionamientos sobre el análisis que hizo el Alto Tribunal de la responsabilidad subjetiva que funda la responsabilidad del empleador y especialmente la carga de la prueba impuesta a este último. En la providencia se estudió el caso de la muerte de un trabajador que desempeñaba el cargo de celador, en una empresa de construcción, para la vigilancia de tres bodegas en una zona rural del país. El trabajador fue hallado sin vida a 15 metros del punto de trabajo, confirmándose que la muerte había sido perpetrada con arma blanca, con signos de tortura, sevicia y violencia.

En dicha decisión se resolvió no acceder a los cargos planteados por el casacionista por considerar acertadas las reflexiones del Tribunal que lo llevaron a concluir que la muerte del trabajador se dio por causa de las labores que desarrollaba, dentro de su jornada de trabajo y con ocasión a las múltiples omisiones del empleador.

La Corte fundamentó su decisión basada en las siguientes consideraciones:

  1. Los criterios de la calificación de origen de un accidente de trabajo o enfermedad laboral son diferentes de aquellos que emanan de la culpa patronal y, por tanto, no es posible equipararlos para hacerles producir el mismo efecto jurídico. En este sentido, a pesar de que la ARL hubiera calificado de origen común el accidente, la Corte consideró que el accidente se produjo con ocasión de las labores desempeñadas.
  1. Aunque el homicidio del trabajador se hubiera dado con sevicia o violencia, eso no implica per se, para la Corte, que haya sido por cuestiones ajenas a la labor desempeñada. El Alto Tribunal estima que es errado pensar que siempre que la muerte ocurre con violencia o sevicia se deba descartar su origen laboral y, de paso, la culpa del empleador.
  1. Aunque en el caso bajo examen no se presentó hurto de los materiales albergados en la bodega que eran de cuantioso valor, considera la Corte que no es un argumento plausible si no están demostrados los móviles del homicidio. Se indica que la afirmación debe apoyarse en una prueba fehaciente que demuestre que el único fin de los delincuentes era acabar con la vida del trabajador, prueba que se encontraba en cabeza del empleador y que no fue aportada al proceso.

Frente a esta decisión, estimamos que en la referida providencia se cometieron ciertos yerros en la atribución de responsabilidad al empleador que desdibujan el régimen de responsabilidad subjetiva, a saber:

i. En este caso no se demostró que el incumplimiento por parte del empleador de los deberes de prevención que tiene a su cargo constituyera la causa adecuada de la ocurrencia del accidente laboral, así pues, no se acreditó la conexidad que tuvo la omisión con la muerte. De esta manera, la Corte cometió un error al realizar un análisis superficial del nexo de causalidad y no estructurar un factor de atribución claro que permitiera imputarle el daño al empleador.

ii. Los hechos apreciados en el contexto del litigio, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, permitían inferir razonablemente que el móvil del asesinato no tenía que ver con la labor desempeñada por el trabajador, y que constituía entonces un asunto absolutamente ajeno a las funciones emanadas del contrato de trabajo.

iii. En la providencia, la Corte exige que el empleador acredite de manera fehaciente el móvil del asesinato de su trabajador. Al efecto, pareciera que el Alto Tribunal impone una carga probatoria al demandado que resulta desproporcionada y difícilmente realizable, pues la acreditación de dicha circunstancia estaría supeditada a las labores que adelante el ente de investigación criminal correspondiente. De suerte que se cercena el mandato contemplado en el artículo 61 del CPTSS2 en la medida en que la efectiva formación del convencimiento del fallador se ata a un medio de convicción de difícil recaudo.

Por estas razones, se considera que es necesario que exista una aplicación coherente de los elementos estructurantes de la culpa patronal, pues si bien se admite la inversión de la carga de la prueba al empleador, teniendo este, que demostrar la diligencia y cuidado, esto conlleva eventualmente la imposición de exigencias excesivas que aligeran el análisis de los elementos estructurantes de la responsabilidad.

 

1. Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, Sentencia 83174 del 24 de enero de 2022. M.P. Omar de Jesús Restrepo Ochoa.

2. Código Procesal Del Trabajo y De La Seguridad Social. Decreto-Ley 2158 de 1948.

 

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Análisis sobre la procedencia del llamamiento en garantía en los procesos ejecutivos

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El llamamiento en garantía es una figura procesal consagrada en el artículo 64 del Código General del Proceso (C.G.P) que se fundamenta en la existencia de un derecho legal o contractual que obliga al tercero frente a la parte llamante a la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir ésta última, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como producto de la sentencia. De modo que se trata de una relación sustancial de garantía en la cual el llamado llega a hacer parte del proceso, en virtud de la formulación de una pretensión revérsica, que conduce a un proceso acumulativo y que constituye una pretensión de condena eventual (in eventum), que solo cobra vigencia ante el hecho cierto de una derrota de la parte original.

Así pues, en esta figura opera una reunión de relaciones sustanciales que se debaten dentro del proceso. Primero, se encuentra la relación sustancial principal que viene discutiéndose entre las partes y luego, se acumula la pretensión revérsica, que contiene el derecho sustancial de garantía. De manera que, si el garantizado pierde el pleito, el garante va a resultar condenado al reintegro o a la indemnización que corresponda. Por economía procesal se permite la acumulación de pretensiones y la posibilidad de decidir en una sola vez los puntos que son comunes a la acción principal y la de regresión.

Después de haber planteado a grandes rasgos las características del llamamiento en garantía, es preciso hacer referencia a la posibilidad que se tiene de efectuar un llamamiento dentro de un proceso ejecutivo. Para esto, el presente escrito se propone hacer un recorrido jurisprudencial por algunas decisiones relevantes de la Corte Suprema de Justicia en las que se ha analizado el tema.

En sentencia de tutela del 2 de septiembre de 2013 proferida por la Corte Suprema de Justicia (radicación 76001 22 03 000 2013 00260 01), se interpretó que en los procesos ejecutivos no es procedente la figura del llamamiento en garantía en atención a que el presupuesto esencial de este tipo de procesos judiciales es la existencia de un derecho cierto, claro y exigible, lo que lleva a que de conformidad con el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil (ahora 442 del C.G.P) los demandados solo puedan controvertir a través de los respectivos medios exceptivos, lo que descarta que se tenga la facultad para vincular a un tercero en la condición de llamado en garantía. Además, se resalta que la naturaleza del llamamiento en garantía va en contravía con la del proceso ejecutivo, por cuanto presupone una eventual incertidumbre en el resultado de la litis.

De igual modo, se afirmó que tratándose de procesos ejecutivos el juez no puede, en la sentencia, resolver sobre el nexo causal entre el llamante y llamado en garantía, en vista de que, el fallo regulado por los artículos 507 y 510 del Código de Procedimiento Civil (ahora 440 y 443 del C.G.P) dependerá de la actitud procesal tomada por el demandado, puesto que habrá que ver si se propuso o no excepciones de mérito. Así, la providencia solo podrá resolver si se ordena seguir o no adelante la ejecución, sin que haya lugar a entrar a decidir sobre asuntos adicionales.

En esta misma línea, en Sentencia SC-1304-2018 del 27 de abril de 2018 (radicación 13001-31-03-004-2000-556-01), la Corte Suprema de Justicia estableció que no hay lugar al llamamiento en garantía en los procesos de ejecución esgrimiendo las siguientes razones:

i. Únicamente en el caso en el que se profiera sentencia de condena contra el resistente inicial, el juez deberá entrar a resolver la relación jurídico procesal que surge entre el llamante y el convocado por efectos del llamamiento en garantía. Debido a lo anterior, resulta indiscutible que la procedencia del llamamiento está limitada a los procesos declarativos de condena, puesto que se trata de procesos en los que media un derecho incierto en los que corresponde al juez determinar -en una sentencia- quién es el titular de este.

ii. En el proceso ejecutivo no procede el llamamiento en garantía, por cuanto se busca el cumplimiento forzado de una obligación en la que se tiene certeza del titular, que está contenida en un título ejecutivo y que puede terminar con una sentencia en la que se ordene seguir adelante con la ejecución del pago en contra del deudor en caso de no prosperar ninguna de las excepciones propuestas.

iii. El artículo 64 del C.G.P es claro en expresar que la obligación del llamado, por ley o por contrato, es acudir en virtud de la garantía que se tiene en auxilio del llamante respecto de una eventual indemnización que se le imponga, situación que solo es contingente en procesos declarativos.

iv. El artículo 66 del mismo código que consagra el trámite del llamamiento, indica que la sentencia resolverá, cuando fuere pertinente, sobre la relación sustancial aducida y acerca de las indemnizaciones o restituciones a cargo del llamado en garantía. Siendo estas cuestiones ajenas al ámbito de los procesos de ejecución, en los cuales el mandamiento de pago solo obliga a la satisfacción del crédito objeto de cobro judicial, y no a la declaración de un derecho u obligación a indemnizar.

v. En definitiva, consideró que iría contra todo sentido lógico y jurídico el acumular en un mismo proceso una pretensión de ejecución que satisfaga un crédito que se adeuda, una declarativa de reconocimiento de existencia de vínculo legal o contractual del llamado en garantía y una pretensión de condena de indemnización de perjuicios. En tal caso, se configuraría una indebida acumulación que no permite subsanación alguna.

En conclusión, estas decisiones recientes de la Corte Suprema de Justicia van encaminadas a determinar que el llamamiento en garantía no tiene cabida en el proceso ejecutivo, debido a que, para el resistente el único mecanismo de defensa que tiene son las excepciones frente a la acción cambiaria o el mandamiento ejecutivo. En consecuencia, el Alto Tribunal descarta de plano, prima facie, que los demandados tengan facultad para vincular a un tercero en la condición de llamado en garantía, conforme a los artículos 440, 442 y 443 del Código General del Proceso. Así las cosas, para esta Corporación la figura del llamamiento en garantía solo podrá darse en procesos que decidan la suerte de un derecho, como lo son los procesos declarativos, y no en procesos ejecutivos en los que se persigue la ejecución forzada de un derecho cierto.

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