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La casación oficiosa de la sentencia civil

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Con la entrada en vigor de la Ley 1564 de 2012 -Código General del Proceso-, el legislador facultó a los magistrados de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia para ejercer un control oficioso de las providencias proferidas por los Tribunales, sin consideración de la procedencia técnica de las causales propuestas por el recurrente, cuando aquellas comprometan gravemente el orden o el patrimonio público o atenten contra derechos y garantías constitucionales.  Puntualmente, consagra el artículo 336 del estatuto procesal: “La Corte no podrá tener en cuenta causales de casación distintas de las que han sido expresamente alegadas por el demandante. Sin embargo, podrá casar la sentencia, aún de oficio, cuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio público, o atenta contra los derechos y garantías constitucionales”.

En este contexto, el presente escrito tiene por objeto analizar las causales particulares que habilitan la casación oficiosa a partir del estudio de una reciente sentencia emitida por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia el 16 de diciembre de 20211. En la referida providencia se hace un recuento de los motivos que dan origen a la intervención oficiosa por parte de los magistrados de la Corte de Casación.

Como antesala de las consideraciones realizadas por la Corporación, resulta pertinente advertir que el recurrente propuso dos cargos constituidos en torno a una presunta nulidad por vencimiento del término para fallar en segunda instancia y un error en la valoración de una prueba. El primero de ellos fue inadmitido, empero, frente al segundo de los reproches, el magistrado sustanciador resolvió seleccionarlo con la finalidad de descartar la configuración de situaciones que atenten contra el orden público o desatiendan el derecho de contradicción del demandante para determinar, consecuencialmente, si la sentencia del Tribunal era susceptible de ser casada de manera oficiosa en los términos del estatuto adjetivo.

La Corporación expuso las siguientes consideraciones, a propósito de la casación oficiosa:

  1. Para que surja la facultad oficiosa en cabeza de la Corte de casar la sentencia emitida en sede de segunda instancia por el Tribunal, deben hallarse estructurados, de manera concurrente, tres requisitos:

i. El error del Tribunal debe ser ostensible. Lo anterior supone que el yerro debe manifestarse a simple vista, lo que implica que para llegar a la conclusión en relación con lo que es objeto de censura no sea necesario efectuar un razonamiento forzoso o de mayores esfuerzos interpretativos.

ii. La gravedad o trascendencia del error en la decisión. Esta exigencia hace alusión a la importancia que debe tener el desacierto en el sentido de la providencia atacada, como si se tratara de una relación de causa y efecto.

iii. Debe configurarse al menos uno de los motivos concretos dispuestos en el Código General del Proceso para que sea procedente la casación de oficio.

  1. Del artículo 336 del estatuto procesal se pueden extraer tres motivos concretos que dan lugar a la casación oficiosa, a saber:

i. El desconocimiento del orden público, entendido como el conjunto de normas, instituciones, principios y reglas que interesan a la sociedad y que no pueden derogarse o modificarse por convenios particulares, ni ser renunciados por los interesados.

ii. La afectación del patrimonio público, esto quiere decir, el detrimento, menoscabo, pérdida o deterioro a los bienes o recursos públicos y demás intereses patrimoniales del Estado.

iii. La vulneración de los derechos y garantías constitucionales de los intervinientes en el proceso; la Corte ostenta la facultad de casar de oficio el fallo recurrido cuando a las partes en el proceso les han sido cercenados sus derechos constitucionales fundamentales.

  1. Además de las funciones de unificación jurisprudencial y de defensa del ordenamiento jurídico interno, la casación debe propender por el acercamiento entre el caso concreto y la justicia material, siempre que se configure alguno de los motivos que originan la intervención oficiosa por parte de la Corporación.

Una vez analizado el fondo de la providencia del Tribunal, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia concluyó lo siguiente:

  1. El Tribunal desconoció el principio de congruencia que debe observarse en todas las decisiones judiciales, pues omitió en su estudio de alzada uno de los puntos que fue objeto de reproche por el impugnante.
  1. A raíz del cercenamiento de la apelación, el Tribunal omitió evaluar íntegramente un medio probatorio.

La Corte resolvió no casar la sentencia proferida por el Tribunal por considerar que el error del cual adolecía no tenía la entidad suficiente para ser considerado como ostensible y grave. Lo anterior, en la medida en que a partir del comportamiento procesal del demandante la Corte pudo inferir la decisión implícita de este de renunciar al reclamo respecto de alguna de las pretensiones de la demanda pues no fueron materia de censura en sede de casación. Al efecto, estima la Corte que la oficiosidad no puede servir para desatender un acto de renuncia válido frente al abandono de derechos patrimoniales que no estructuran una afrenta grave contra el orden o el patrimonio público, ni a los derechos y garantías constitucionales.

Consideramos que el análisis doctrinal de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia objeto de este escrito resulta de suma relevancia a efectos de comprender el alcance de una función que supuso una importante transformación en relación con el recurso extraordinario de casación, modificación que, de paso, deviene plenamente coherente con los objetivos trazados por el legislador para esta figura2.

 

1. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 16 de diciembre 2021 (SC 5453 – 2021) M.P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo.

2. Artículo 333 del Código General del Proceso: El recurso extraordinario de casación tiene como fin defender la unidad e integridad del ordenamiento jurídico, lograr la eficacia de los instrumentos internacionales suscritos por Colombia en el derecho interno, proteger los derechos constitucionales, controlar la legalidad de los fallos, unificar la jurisprudencia nacional y reparar los agravios irrogados a las partes con ocasión de la providencia recurrida”.

 

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La subrogación de un tercero en el contrato de seguro

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Cuando se hace alusión a la subrogación en el marco del contrato de seguro, habitualmente se ata esta acción a la norma contemplada en el artículo 1096 del Código de Comercio como una institución propia de los seguros daños, donde el asegurador se subroga por ministerio de la ley en los derechos del asegurado en contra de las personas responsables del siniestro. Empero, poco se discute en relación con la subrogación que se predica respecto del tercero que paga al acreedor/beneficiario una deuda ajena que, en principio, estaría en cabeza de la compañía aseguradora por virtud de la realización del riesgo amparado en un determinado contrato de seguro.

Bajo este panorama, el presente escrito examina la subrogación del acreedor en el contrato de seguro a partir del estudio de una reciente providencia proferida por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia el 16 de diciembre de 20211.  De esta decisión se deriva con claridad la posibilidad de que el tercero que paga una deuda a cargo del asegurador se subrogue en la calidad del beneficiario con los efectos contemplados en el artículo 1670 del Código Civil.

La controversia que dio origen a la decisión bajo análisis fue iniciada por la compañera permanente de un asegurado en un contrato de seguro de vida grupo deudores en contra de dos compañías aseguradoras a raíz de la renuencia de estas de efectuar el pago a la accionante por el importe de la prestación asegurada, posterior a que realizara el pago a favor de unas entidades financieras de los saldos insolutos de las deudas a nombre de su excompañero permanente. La casacionista afirmó durante el trámite del proceso que, con ocasión del pago realizado a quienes en un principio eran beneficiarios del contrato de seguro, a saber, las entidades financieras, a esta debía asignársele la calidad de subrogatoria de los derechos que emanaban del contrato de seguro de vida donde su excompañero permanente ostentaba la calidad de asegurado.

A efectos de resolver el problema jurídico, la Sala expuso las siguientes consideraciones:

  1. La legitimación en la causa por activa para pedir el cumplimiento de la obligación en un contrato de seguro de vida de grupo deudores, se encuentra, en principio, en cabeza de la entidad financiera beneficiaria. No obstante, la Corte ha aceptado que los terceros interesados cuyos patrimonios puedan verse afectados por la inejecución de la obligación que le asiste a la compañía aseguradora, puedan exigir de esta el pago adeudado a favor del respectivo acreedor.
  1. La Sala, de antaño, ha reconocido la posibilidad de que se produzca la figura de la subrogación del acreedor en el contrato de seguro, la cual tiene como efecto transferir los derechos, acciones y privilegios a un tercero que realiza el pago, conforme las reglas contempladas en los artículos 1666 y 1670 del Código Civil. Sin embargo, precisa que no se le puede conceder la calidad de subrogatario al deudor solidario que paga la obligación del causante, pues con motivo de la solidaridad pasiva, ante la imposibilidad del cobro del seguro, bien podría el banco exigir el pago de la obligación al codeudor sobreviviente.
  1. El contrato de seguro de vida grupo deudores no se asemeja a un seguro crédito, por cuanto no ampara el cumplimiento o incumplimiento de la obligación dineraria. Por el contrario, es un seguro que cubre el riesgo derivado de la eventual muerte del deudor asegurado.
  1. En el caso bajo examen no operó la subrogación legal a favor de la demandante en los términos del numeral quinto del artículo 1668 del Código Civil por el solo hecho de pagar una deuda ajena, pues la aseguradora no consintió expresa o tácitamente al pago de la obligación en su cargo. Precisa que tampoco se configuró la causal tercera de la referida estipulación, como quiera que la actora no ostentó calidad de deudora solidaria respecto del crédito a cargo de la aseguradora.
  1. Adicionalmente, concluyó la Corte que tampoco se presentó la subrogación convencional toda vez que no hay prueba en el plenario que acredite los supuestos de hecho que trae el artículo 1669 del Código Civil para que la misma sea procedente, a saber: a) La calidad de tercero de quien paga, b) la voluntad del acreedor en subrogar, c) la mención expresa en la carta de pago y d) la sujeción a las reglas de la cesión de derechos.

Dado que la casacionista ostentaba la calidad de deudora solidaria de la obligación contraída por el causante con las entidades financieras, entre otros argumentos, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia decidió desestimar los cargos formulados por la parte actora, pues como se indicó supra [Cf. 2], al pagar la obligación, la actora se encontraba pagando una deuda propia y no ajena.

Pese a que en el caso concreto no se casó la sentencia proferida por el Tribunal, la Corte Suprema de Justicia avala la posibilidad de que el tercero que paga una deuda a cargo del asegurador se subrogue en la posición del beneficiario, cuando estén reunidos los supuestos de hecho previstos para que esta opere por ministerio de la Ley o en virtud de una convención, siempre y cuando quien paga no tenga la calidad de deudor solidario respecto de la obligación extinguida.

Estimamos que las consideraciones de la Sala son coherentes con las normas generales del Código Civil que regulan el pago por subrogación; por ello, resulta evidente que son estas las disposiciones normativas las llamadas a regir las controversias suscitadas a partir del pago que efectúe un tercero a un acreedor/beneficiario de la compañía aseguradora en el evento en que se haga exigible la obligación condicional que recae sobre esta última por virtud de la celebración de un contrato de seguro.

 

 

1. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 16 de diciembre 2021 (SC 5698 – 2021) M.P. Francisco Ternera Barrios.

 

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Las declaraciones de los representantes de personas jurídicas de derecho público en el marco del proceso civil

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El Código General del Proceso consagró la simple declaración de parte como un medio de prueba autónomo e independiente de la confesión. De esta manera, se abandonó la posición restrictiva que había sido adoptada en la anterior codificación para dotar de valor a las versiones dadas por las partes en el proceso, tanto en lo que les reporta provecho, como en lo que les resulta adverso. Por otra parte, se estableció en el artículo 195 del estatuto procesal que la confesión proveniente de los representantes de entidades públicas no tendría efecto alguno.

Bajo este panorama, el presente escrito examina la procedencia de las declaraciones de los representantes de personas jurídicas de derecho público en el marco del proceso civil a partir del estudio de una reciente providencia proferida por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia el 7 de octubre de 20211. De acuerdo con esta decisión es razonable concluir que, de la autonomía e independencia de la declaración de parte respecto de la confesión, se deriva la posibilidad de que el representante legal de una entidad pública rinda la correspondiente declaración en el proceso civil, sin que esto implique incurrir en la prohibición del artículo 195 del Código General del Proceso.

La controversia que dio origen a la decisión bajo análisis se generó con ocasión de la imposición de una multa a una entidad pública cuyo representante legal no asistió a la audiencia inicial. Como argumento central, afirmó la accionante que no tenía la obligación de asistir a la diligencia, ya que, en atención a lo dispuesto en el artículo 195 del estatuto procesal civil , su interrogatorio de parte estaba vedado.

A efectos de resolver el problema jurídico, la Sala expuso las siguientes consideraciones:

  1. El relato de las partes envueltas en el litigio resulta de suma relevancia de cara a dirimir la controversia pues, a partir de este, el operador jurídico puede conocer de primera mano los hechos que dieron lugar al conflicto.
  1. Toda confesión es una declaración de parte, pero no toda declaración de parte constituye una confesión. Ello lo definirá al juez al momento de valorar la narración del interesado.
  1. El artículo 203 del Código General del Proceso dispone que “el interrogado deberá concurrir personalmente a la audiencia, debidamente informado sobre los hechos materia del proceso”. A su turno, el artículo 205 del mismo estatuto prevé las consecuencias que se derivan de la inasistencia del citado o de su renuencia a responder las preguntas formuladas.  Así las cosas, las partes tienen el deber de comparecer ante el juez cuando son citados a rendir interrogatorio. 
  1. El artículo 372 del estatuto procesal civil regula la audiencia inicial en la que, dentro de sus fases, contempla el interrogatorio de las partes. En el evento en que estas no asistan, sin justificación alguna, la normativa establece una serie de sanciones, unas de carácter probatorio y otras de naturaleza patrimonial. 
  1. Las entidades públicas pueden ser parte en los procesos civiles, si es que tienen que acudir a esa especialidad de la jurisdicción ordinaria para defender sus intereses, tanto como parte activa o pasiva. Por consiguiente, les serán aplicables las normas de la ley procesal civil. 
  1. Cuando el juez cita a un ente público para que dé su versión de los hechos, este deberá comparecer a la respectiva diligencia a través de su representante legal, pues no existe disposición alguna que lo releve de dicho deber. 
  1. Los representantes legales de personas jurídicas de derecho público pueden declarar y, por ende, ser interrogados con ese propósito, solo que el operador jurídico no podrá derivar de dicha narración confesión alguna en contra de la entidad. 
  1. La confesión del representante legal de un ente público no tiene relevancia para el proceso civil. No obstante, la declaración de parte sí la tiene, de forma tal que cuando la entidad pública sea citada al proceso bien para cumplir el interrogatorio de que trata el artículo 372 del Código General del Proceso, o en virtud de la solicitud probatoria que haga uno de los intervinientes, deberá comparecer a la diligencia correspondiente para que sea escuchado. 

Con base en estas apreciaciones, entre otras, la Corte decidió desestimar los argumentos formulados por la entidad pública, y confirmó la decisión proferida por el Tribunal.

Estimamos que las consideraciones de la Sala son coherentes con las normas procesales que regulan la simple declaración de parte y la confesión como medios de convicción autónomos e independientes; por ello, es claro que la declaración de parte de los representantes de personas jurídicas de derecho público en el marco del proceso civil no se opone a la prohibición contenida en el artículo 195 del Código General del Proceso en la medida en que lo que no se admite es la confesión, pero no existe restricción alguna para que la entidad pública, a través de su representante legal, rinda su versión de los hechos al interior del proceso judicial. Esta narración deberá ser valorada por el fallador a la luz de las reglas generales de valoración de las pruebas.

1. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 7 de octubre de 2021 (STC13366 – 2021). M.P. Octavio Augusto Tejeiro Duque.

 

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